El ministro de Hacienda, Vicente Bengoa, convocará hoy a los medios de comunicación para dar a conocer el proyecto de modificación de las exenciones fiscales que se otorgan al sector privado y que por ley están contempladas mediante transferencias en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos de 2010. Las exenciones fiscales están contenidas en el presupuesto como “gasto presupuestario” y que por dos años consecutivos se mantienen en más de RD$104,000 millones.

Bengoa ofrecerá en detalles el contenido de la propuesta que ha encontrado una reacción “adversa” del sector productivo nacional, que entiende los colocará en condiciones de pérdida de competencia frente a sus pares de la región Cafta (Centroamérica), con relación a Estados Unidos y con Europa.

La propuesta de modificación de las exenciones fiscales, según fuentes del sector privado, radican en dos medidas relativas a cambios en la aplicación del Impuesto sobre la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y en el impuesto aplicado a los combustibles.

Según informes el gobierno contempla cambiar el ITBIS que se cobra en Aduanas, para que en vez de pagarlo al final del proceso de producción y venta del bien se pague adelantado en la parte del insumo. Hay 286 empresas calificadas para pagar el ITBIS al momento de la venta. Además, eliminar el reembolso del ITBIS a la producción de bienes exentos, lo que según algunos empresarios se convertiría en una protección efectiva a los importadores, porque el ITBIS pagado se va al costo si no se lo devuelven.

En el caso de los combustibles, el sector privado teme por un cambio en el ad-valorem que elevaría el impuesto del gasoil regular a RD$19.51, para un un 63%, el gasoil para la generación eléctrica subiríaRD$25.2, para un alza de un 137%; el fuel oil entre 13 y 25 pesos. Se estima que de aplicarse la propuesta el Avtur subiría RD$28.68, equivalente a un 168%.

La decisión de reducir las exenciones fiscales del Presupuesto Nacional forma parte de los compromisos del gobierno dominicano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), según consta en la carta de intención firmada el 6 de octubre del pasado año con miras a desembolsar cerca de US$1,700 millones (1,094.5 millones de DEG- Derechos de Giroque es la moneda oficial del FMI, compuesta por una canasta del dólar, el yen japonés y la libra esterlina). En su carta de intención el gobierno promete reducir el gasto público y se entiende que los recursos que deja de percibir por incentivos pueden ayudar a mejorar el sistema tributario de República Dominicana que por años ha descansado sobre el consumo en mayor medida y que este año le significaría ingresos por un 0.2% del Producto Interno Bruto (PIB).

“El gobierno aplicará una serie de medidas para mejorar la administración tributaria y el cumplimiento en los años 2009 y 2010. Un elemento central será racionalización y eficientización de las leyes 112-00 sobre Hidrocarburos y 557-05 en su artículo 23, que crea el impuesto selectivo Ad-valorem (sobre el valor del producto) a los hidrocarburos para mejorar los procesos de recaudo, transparentar el cálculo del precio de paridad, racionalizar las exenciones y traspasar la administración del impuesto a la DGII”, señala la carta.

PRINCIPALES COMPROMISOS
Los principales compromisos incluyen un déficit primario del sector público combinado de 0.8% del PIB este año, que se reduciría a cero en 2010 y se transformaría paulatinamente en un superávit de 2% del PIB en 2012. Este ajuste estará respaldado por un programa ambicioso de reformas estructurales; entre ellas, mejoras de la administración tributaria y una drástica reducción y racionalización de las exenciones tributarias; reformas del sector de la electricidad; afianzamiento de la supervisión bancaria; implementación de un marco de metas de inflación; y una estrategia de desarrollo de los mercados de capital nacionales y de la gestión de la deuda pública.

Las autoridades se han comprometido con identificar y corregir las deficiencias en la administración de ingresos, y con un plan integral para resolver los problemas estructurales en el sector de la electricidad con el objetivo de eliminar los subsidios.