La crisis económica suplió un gran argumento para la intervención estatal en la economía. Para defender la estabilidad macroeconómica, varias empresas fueron intervenidas en Europa y los EE.UU., cayendo bajo control gubernamental.

Pero en una época de falta de fondos para hacer los gastos públicos que interesan a los políticos, participar en empresas deficitarias no es muy atractivo. Es mejor tener el control sin tener que poner dinero.

Una forma de hacerlo es a través de las "acciones de oro". Normalmente el poder de voto de los accionistas en una empresa depende del porcentaje que tengan del total de acciones vendidas. Pero algunos gobiernos, sin importar su porcentaje de participación en el capital, poseen acciones especiales en compañías "estratégicas", que les dan el poder de decisión sobre asuntos considerados fundamentales, en sectores de importancia militar, energía, telecomunicaciones y transporte.

La globalización ha cambiado las cosas. Ya no hay sectores nacionales verdaderamente independientes del extranjero. En las telecomunicaciones, por ejemplo, las instalaciones locales pueden ser propiedad de una empresa nacional, pero las centrales, cables, satélites y demás equipos proceden de todas partes del mundo, por lo que se depende del extranjero para mantenerlos y renovarlos.

La corte europea de justicia lo entendió así. El viernes pasado declaró ilegal el veto del gobierno portugués a la venta a Telefónica española de las acciones que la compañía Portugal Telecom posee en una empresa brasileña de telefonía móvil. El gobierno, haciendo uso de su acción de oro, anuló la aprobación dada por los accionistas, en lo que la corte calificó como una restricción al libre movimiento de capitales dentro de la Unión Europea.

Pero el gobierno portugués no se da por vencido. Tratará de mantener su acción de oro, aunque tenga que adaptarla un poco.


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De Gustavo Volmar