El subsidio a la electricidad tiene una notable capacidad de supervivencia, dadas las vastas implicaciones económicas, sociales y políticas que su desaparición tendría.

Los fondos presupuestados para el subsidio, equivalentes a US$380 millones, ya se agotaron.

Para seguir pagándolo, el gobierno planea reducir los gastos públicos en US$350 millones.

El FMI es enemigo del subsidio a la electricidad. En sus reportes sobre el país siempre dedica espacio para atacarlo.

Pero el FMI puede decir que ha sido muy flexible con la RD. Le ha otorgado préstamos dentro del acuerdo vigente y dio su bendición a la emisión de los bonos soberanos.

Aunque el FMI no lo ve así, eliminar el subsidio cuando persisten las condiciones que causan el déficit de las distribuidoras es una decisión arriesgada.

La tarifa está ya a niveles muy elevados.

La competitividad externa del país, actualmente baja, declinaría aún más si la tarifa aumenta.

Habría una mayor presión del sector exportador para que se permita que el peso se devalúe más rápidamente.

La inflación y el costo de la vida subirían, lo que haría que las tasas de interés fuesen aún más negativas, limitando la flexibilidad de la política monetaria.

El crecimiento económico disminuiría, lo que elevaría el déficit fiscal como porcentaje del PIB.

El descontento social aumentaría y la evasión del pago de la electricidad crecería, agravando la situación de las distribuidoras.

En ese contexto, los bonos soberanos pueden ayudar mucho al gobierno. Se dijo que el recorte de gastos afectará cargas fijas e inversiones.

 La experiencia indica que son las inversiones las que terminan siendo más reducidas.

Si es así, los recursos de los bonos podrían usarse para compensar esa reducción, lo que significa que al fin de cuentas los bonos habrán servido para mantener el subsidio vigente, algo que quizás el FMI no esperaba.

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