Los grandes bancos estadounidenses están muy molestos con el nuevo impuesto que el presidente Obama intenta proponer al Congreso, consistente en un cargo de 0.15% sobre el total de pasivos no asegurados de algunas instituciones financieras.

El impuesto, llamado "tasa de responsabilidad por la crisis financiera", busca recuperar unos 117 mil millones de dólares que se calcula quedarán por cobrar del fondo de 700 mil millones que el gobierno creó en el 2008. Se excluyen del gravamen los depósitos asegurados por el gobierno, pues los bancos pagan por ese seguro, y se exonera el capital en acciones comunes.

El monto del impuesto no es tan significativo, pues será pagado durante diez años, pero las grandes instituciones financieras lo consideran discriminatorio, injusto y populista.

Discriminatorio, pues se aplica sólo a las empresas que tienen activos superiores a los 50,000 millones de dólares y excluye a entidades como General Motors, Chrysler, Fannie Mae y Freddie Mac, que recibieron parte del dinero del fondo.

Injusto, pues varios de los mayores bancos, con activos de más de 100,000 millones, no querían recibir dinero pero fueron obligados a hacerlo y ya devolvieron lo que recibieron, en tanto que otros con activos entre 50 y 100 mil millones no recibieron un solo centavo.

Populista, pues dicen que Obama les atribuye la culpa de la crisis para complacer la ira popular por las cuantiosas ganancias y bonificaciones que los bancos y las aseguradoras han vuelto a tener y otorgar.

Y algunos han señalado que las empresas gravadas podrían tratar de reducir sus pasivos mediante operaciones de titularización del mismo tipo que las que agravaron la crisis.

El gobierno, por su parte, argumenta que el sector financiero sobrevivió por la confianza que el fondo de rescate generó, por lo que aún quienes no recibieron dinero se beneficiaron de él.

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