El valor en dólares de la moneda de un país es siempre objeto de mucha atención. Cuando la mayor parte de lo que se consume es importado, dicha atención es aún más intensa.

Y cuando el gobierno decide arbitrariamente lo que la moneda vale, el asunto adquiere una innegable connotación política.

Esas tres condiciones se dan en Venezuela, cuyo gobierno devaluó su moneda, el bolívar, el viernes pasado, como reseñamos en nuestra columna de ayer.

En septiembre habrá elecciones para la Asamblea Nacional y el gobierno tiene un 50% de las intenciones de voto.

La devaluación implica un delicado balance entre costos y beneficios políticos.

Por el lado negativo, la devaluación encarecerá las importaciones y aumentará la inflación, ya en un 25.1%.

En el fin de semana la población se apresuró a comprar televisores, neveras, computadoras y otros artículos antes de que subieran de precio.

Por el lado positivo, como el gobierno controla el petróleo, la mayor fuente de dólares, la devaluación pondrá a su disposición más bolívares para gastar desde ahora hasta septiembre, aumentando salarios, subsidios, asistencia social e inversiones públicas, y podrá reducir su déficit fiscal, que es del 7.4% del PIB.

Las exportaciones no petroleras serán favorecidas, aunque no se prevé que el predominio del petróleo disminuya significativamente.

Para la empresa estatal Petróleos de Venezuela será más fácil pagar sus grandes deudas en bolívares con suplidores y financiar sus programas sociales.

Y Chávez anunció que el Banco Central transfirió 7 mil millones de dólares de sus reservas de divisas a un fondo estatal de desarrollo social.

A pesar de la riqueza petrolera, la población está sufriendo apagones frecuentes, escasez de agua y un incremento en la criminalidad. Si el petróleo sube de precio, las perspectivas electorales de Chávez mejorarán significativamente.

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