Santo Domingo.- El Gobierno pasó más de la mitad de este año argumentando que no era necesario un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a pesar de las constantes peticiones de los empresarios de que se pactara con el organismo multilateral. La negativa del Gobierno llegó a su fin cuando se cayeron las proyecciones de que la economía estaba blindada y fue necesario buscar recursos externos prestados para completar la caída extraordinaria en las recaudaciones. 

Fue entonces cuando los organismos financieros externos condicionaron los desembolsos a que el país firmara un acuerdo con el FMI.
 
Esperado por muchos y odiado por otros. Esta es la mejor definición del acuerdo firmado a final del último trimestre de este año por el gobierno dominicano con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un pacto que llegó en su mejor momento para una economía a punto de sucumbir, producto de los embates del mercado externo.

Y, a juzgar de otros, de políticas monetarias asumidas con cierto rezago.

Desde finales de 2008, cuando estalló la crisis global, las autoridades del país aseguraban que RD no sería tocada fuertemente por la “burbuja hipotecaria”, pero la situación se extendió más rápido de lo esperado arropando las grandes economías, llevándose todo a su paso, lo que a su vez degeneró en el cierre de miles de bancos y empresas y pérdidas de millones de puestos de trabajo en el mundo.

Esa contracción mundial, junto a la queja de un excesivo gasto público en el país a raíz de las elecciones presidenciales de mayo de 2008, fue lo que hizo que los sectores de la industria y la producción, empujados por orientaciones de reputados economistas del país y del exterior, comenzaran a advertir de la necesidad de firmar un nuevo pacto con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a lo que el gobierno se mantuvo renuente hasta casi el final de jornada.

Finalmente, el 6 de octubre de este año el Fondo Monetario puso a circular en su portal de la web la presentación de una carta de intención del gobierno dominicano en que se plasmaron los compromisos que las autoridades estaban dispuestas a asumir de aquí al 2014 para llevar la economía por la senda de la estabilidad y el crecimiento y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En general, el gobierno busca pasar de un déficit fiscal del sector público consolidado de 0.8% del PIB a un superávit de 1% en 2010, y de 2% en 2012, controlar la inflación y lograr un mayor crecimiento del PIB, entre otras medidas a las que no se expone sin el soporte de organismos internacionales como el FMI.

La Cumbre 
Las políticas restrictivas que contrajeron el crédito afectó la producción del país, pero finalmente en el marco de la primera fase de la Cumbre para el Diálogo Nacional Frente a la Crisis Mundial convocada por el gobierno ante los problemas que enfrentaba la economía, se dieron los primeros pasos con una flexibilización del encaje legal (reservas de los bancos en el Banco Central) que condujo a la expansión del crédito en más de un 8% a octubre pasado.

Sin embargo, la limitación de recursos del sector privado y del gobierno obligó a las autoridades a buscar el auxilio del FMI, lo que ocurrió en el mejor momento ya que se daba la cumbre de los países industrializados “G- 20”, donde el FMI planteó sus reformas internas y su disposición de ayudar con una mayor cuota de financiamientos a las economías miembros.

Los economistas veían que República Dominicana es un país pequeño y abierto al comercio internacional y con una baja productividad industrial y agroindustrial exportable.

En un momento las autoridades llegaron a plantear que la economía dominicana no requería del auxilio del FMI porque estaba “blindada”.

Ese planteamiento al parecer fue generado por una confusión, debido a que el sector con mejor desempeño era el financiero, respecto al sistema financiero global, y no la economía en su conjunto, por su dependencia de los sectores externos como las zonas francas, las remesas y el turismo, conllevó duras críticas. Incluso, la Conferencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (Untad), hizo la advertencia.

Posteriormente, organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y el Mundial recomendaron buscar una carta de conformidad (confort letter) para agilizar los desembolsos pendientes para 2009.

Implicaciones
Para el 2010 se esperan ajustes fiscales y otras reformas estructurales que obligarán a cambiar el curso de la economía, a medida que comiencen a cumplirse las metas contempladas en el pacto Stand by de US$1,700 millones.

En una entrevista exclusiva para LISTÍN DIARIO, el economista en Jefe del FMI para República Dominicana, Alejandro Santos, reveló que el programa Stand by contempla políticas anti-cíclicas durante el ultimo trimestre de 2009 y los primeros dos trimestres de 2010.

“Estas políticas están diseñadas para estimular la demanda interna por medio de una posición fiscal expansiva y una política monetaria flexible”, precisó.

Además, abarca una agenda ambiciosa de reformas estructurales. La agenda estructural consiste en reformas en la administración tributaria, el sector financiero, el sector eléctrico, la gestión de la deuda pública, y el fortalecimiento de la red de seguridad social.

El alto ejecutivo del FMI aseguró que no habrá reforma fiscal, una noticia que calmó los constantes reclamos y temores de amplios sectores de la economía y el ámbito político del país y que las perspectivas para 2010 son buenas, de recuperación del crecimiento con estabilidad de precios y del tipo de cambio.

Sin embargo, los agentes económicos están cautos frente a la modificación de la Ley 112-00, de Hidrocarburos, y a las implicaciones que se derivarán de la drástica reducción del subsidio eléctrico en las facturaciones.