Santo Domingo.- Quienes hayan adquirido parte de las acciones en tres proyectos turísticos de la región Este del país, propiedad del español fugitivo Ricardo Diez Conde, no tienen por qué temer, siempre que hayan comprado de acuerdo a lo que establecen las leyes dominicanas.

La apreciación es de los juristas Vinicio Castillo Semán, y Servio Tulio Castaños Guzmán, quienes coinciden en que si un adquirente compra de buena fe apegado a lo que establece la ley y sin el conocimiento de que el propietario del inmueble está involucrado en el lavado de activo, sus derechos adquiridos no pueden ser afectados tras las investigaciones.

Se trata del caso de un español fugitivo acusado de invertir con dinero lavado más de RD$1,700 millones en tres grandes proyectos turísticos del país, de los cuales el 60% han sido vendidos a particulares, quienes podrían correr el riesgo de ver afectadas sus inversiones.

Sin embargo, el jurista Castillo Semán consideró que si un individuo prueba que adquirió un inmueble de buena fe sin tener conocimiento alguno de que se trata de un producto de acciones delictivas y si ha cumplido con los requisitos que le impone la Ley, como comprador ese individuo no puede ser afectado en los derechos que ha adquirido legítimamente.

Sostuvo que es un problema del grado de conocimiento de la buena o mala fe que haya en los compradores y que es la justicia y la investigación del Ministerio Público la única que puede determinar si los individuos fueron adquirientes de buena fe o si fueron cómplices o si incumplieron los requisitos legales que otorga la ley para hacer una transacción determinada, sea en inmuebles o en muebles.

“Hay una distinción muy clara en lo que es el adquiriente de buena fe que ha cumplido y que no tiene por qué saber que se trata de operaciones delictivas que han sido descubiertas a posteriori con el otro individuo que se presta para lavar dinero”, sostuvo Castillo Semán.

El jurista entiende que es la investigación la que puede esclarecer si los adquirientes en ese caso actuaron de buena fe o si están involucrados en el hecho de lavado que se investiga en la región Este del país.

“La investigación en cada caso tiene que respetar esos derechos adquiridos si se prueba que no han sido parte de complicidades o de incumplimiento legales del comprador al momento de adquirir esos bienes”, apuntó.