En el peor momento de la crisis financiera, cuando los bancos estaban colapsando, el gobierno estadounidense creó el programa de 700 mil millones de dólares conocido como TARP, a fin de adquirir activos de los bancos para proveerles liquidez.

Como la crisis había comenzado por el deterioro de los préstamos hipotecarios, se suponía que si el gobierno los compraba la crisis desaparecería.

Pero pronto se hizo evidente que existían otros problemas y que el proceso de compra era demasiado lento.

El gobierno procedió entonces a invertir directamente en el capital de los mayores bancos y usó parte de los fondos para rescatar a la compañía aseguradora AIG y para apuntalar la industria automotriz.

Como gran parte de la opinión pública en los EE.UU. está en contra del TARP, al que consideran como un regalo a poderosas instituciones financieras, cuyas dificultades fueron creadas por sus propios ejecutivos, la semana pasada el gobierno anunció con satisfacción que el TARP costará 200 mil millones menos de lo que se había previsto.

Ya varios bancos han devuelto el dinero recibido. El más reciente fue el Bank of America y Citicorp podría ser el próximo. De los 700 mil millones, 330 mil millones no han sido utilizados.

Dado el enorme déficit fiscal de los EE.UU., calculado en 1.42 millones de millones de dólares para el 2009, lo racional sería usar los fondos remanentes del TARP para reducir la deuda pública.

Pero cuando los políticos tienen dinero, difícilmente dejan de usarlo.

Ahora se planea iniciar otros programas, supuestamente para promover empleos, argumentando que el déficit fiscal disminuirá a medida que las recaudaciones de impuestos aumenten.

El TARP fue extendido hasta octubre del 2010 y se pondera crear una nueva entidad gubernamental que supliría fondos a los bancos sin restricciones, para financiar préstamos a pequeñas empresas.

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De Gustavo Volmar