Santo Domingo.- La construcción de una cementera en el distrito municipal de Gonzalo, en Monte Plata, no es viable, ni pertinente, concluyó un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el proceso técnico y legal que le solicitó realizar el gobierno, a través de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarena).

De inmediato, el gobierno manifestó su disposición de acatar la recomendación del organismo internacional, y grupos ambientalistas felicitaron los resultados del estudio solicitado por el Estado.

En tanto que el Consorcio Minero Dominicano manifestó su desaliento por la decisión, pero aseguró que trasladará las instalaciones de la cementera a otro lugar.

La representante del PNUD, Valerie Julliand, resaltó la valentía que mostró el gobierno al encomendar el estudio a un organismo internacional, al tiempo de reconocer que la labor no fue fácil.

Expresó que ello fortalece la transparencia de la gestión pública y elogió el interés que mostró la ciudadanía al ejercer su deber y derecho de monitorear cualquier proceso que afecte a los intereses públicos. Señaló que corresponde a la justicia y al Estado tomar la decisión final.

Señala que la viabilidad técnica y económica del proyecto sólo sería posible estrictamente desde el punto de vista de la empresa.

El análisis del PNUD apunta que los riesgos y costos superan con mucho a los beneficios y oportunidades; que los riesgos a largo plazo son mayores que los costos inmediatos y que las oportunidades a largo plazo e inmediatos son equivalentes, pero de importancia menor.

Impacto ambiental
En el informe, el PNUD ataca el estudio de impacto ambiental realizado por la empresa Desarrollo Agropecuario Gómez y Rojas C.por A., Ingenieros Consultores (DESAGRO), del cual dice tiene más carencias que virtudes y no cumple con la rigurosidad necesaria dada la complejidad del caso.

El informe dice que el proceso de otorgamiento de la licencia ambiental número 0157-09 otorgado al Consorcio Minero Dominicano fue poco riguroso y exhaustivo, porque aún cuando se agotaron los requerimientos establecidos en la ley y en el reglamento, no se observaron los principios y el espíritu del marco legal ambiental.

En ese aspecto, los técnicos de la misión observaron una serie de debilidades, entre ellos carencia de constancia de registro, informalidad del procedimiento, no se consideró la conservación del patrimonio cultural como un objeto jurídico a proteger, inobservancia del derecho internacional, así como términos de referencias ambiguos.

Los resultados del estudio fueron motivo de algarabía por grupos ecológicos y sectores que rechazaban el proyecto y que asistieron ayer al local de la Naciones Unidas en el país.

Aplausos, gritos y consignas fueron vociferadas en momentos en que fueron dadas las primeras informaciones mediante un video en el que la representante del PNUD, Valerie Julliand, relató el proceso seguido para la evaluación y parte de las conclusiones.

Venta del terreno
Luis Carvajal, coordinador de la Comisión Ambiental de la UASD y Amparo Chantada, del Foro Social Ambiental, afirmaron que ayer fue un día de júbilo. Plantearon que el gobierno debe eliminar la venta de terreno en la zona. Anunciaron que realizarán un día de reforestación ambiental en la zona de Los Haitises.

Manifestaron que esta recomendación del PNUD es un estímulo para que los campesinos sigan defendiendo sus derechos y para seguir la lucha por el ámbito territorial.

El informe fue recibido también con regocijo por jóvenes del campamento Solidaridad Con Los Haitises, quienes amanecieron en vigilia frente a la sede del PNUD.

Los jóvenes del campamento Solidaridad Con Los Haitises, quienes amanecieron en vigilia frente a la sede en el Mirador Sur, cantaban, gritaban y se felicitaban unos a otros con la repetitiva expresión “todavía hay esperanza”.  

Mientras que Luis Carbajal, coordinador de Comisión Ambiental de la UASD y, Amparo Chantada, del Foro Social Ambiental, aseguraron que hoy es un día de regocijo y que el Gobierno, además de anular la concesión de la construcción de la cementera al consorcio minero dominicano, debe eliminar todo acto de venta de terreno en la zona para evitar que esa empresa se quede con recursos millonarios por esos contratos.

Algunas conclusiones
Sobre el estudio de impacto ambiental, el informe cuestiona 10 elementos principales: Falta de consideración del acuífero local, abunda en detalles no relevantes y carece de aspectos básicos, imprecisiones técnicas del proyecto, falta de especificidad del plan de manejo y adecuación ambiental, ausencia de análisis y alternativas, insuficiente análisis de la zona y la región, falta de consideración del impacto sobre la salud, baja calidad de la cartografía, inadecuado análisis del ordenamiento ecológico del territorio, falta de rigor metodológico en la evaluación de los impactos ambientales.

Detalla que la inviabilidad del proyecto se fortalece cuando se incorpora al análisis a las condiciones de los factores físicos, biológicos, culturales y simbólicos de la región; las afectaciones al medio que con certeza ocurrirán y que han sido evaluadas parcialmente por el Estudio de Impacto Ambiental y de forma integral.

Sustento del proyecto
El Gobierno está dispuesto a acatar la decisión del PNUD de que la construcción de la cementera en Los Haitises no es viable, si el informe está bien sustentado, reveló el secretario de la Presidencia, César Pina Toribio.

El funcionario recordó que fue el Gobierno que mandó a realizar el estudio para ver el impacto social.

El PNUD presentó el proceso técnico y legal de otorgamiento de la licencia ambiental número 0157-09, al Consorcio Minero Dominicano para instalar ya fábrica de cemento en el distrito municipal de Gonzalo, en Monte Plata.

EL CONSORCIO MINERO DESISTE DE SU PROYECTO

COMUNICADO PÚBLICO
El Consorcio Minero Dominicano anunció en un comunicado que reubicará la instalación de su planta procesadora de cemento.

La empresa informó que adoptó la decisión después de conocer el informe del PNUD, realizado en atención a una solicitud del gobierno dominicano para que evaluara el proyecto.

“Tenemos consistentes desacuerdos sobre ese informe, claramente sesgado, pero entendemos que en nada conviene continuar una discusión que ya rebasa el marco de la legítima actividad empresarial, por lo que hemos optado por ubicar el proyecto en otro lugar”, dice el comunicado. Agrega que conforme a la libertad de empresa, predominio del imperio de las leyes del país que protegen la inversión, el Consorcio evaluó opciones para instalar una planta procesadora de cemento.

“En atención al legítimo interés de los consumidores, es necesario que el negocio del cemento no siga siendo manipulado por un cartel que se reparte cuotas y fija precios en desmedro de los principios”, dice la publicación.