Llegó de nuevo el momento de discutir el presupuesto nacional. Y de nuevo se habla de su monto total, de lo que le toca a cada dependencia oficial, de los porcentajes de gastos corrientes e inversión y de lo que representa el pago de la deuda pública.

Las autoridades, como es lógico, enfatizan lo que consideran más conveniente, como sucede con los gastos corrientes, que indican bajarán en un 4.3% en comparación con el año 2009.

De hecho, los gastos corrientes subirán en un 3.85%, al pasar de RD$217.2 mil millones a RD$225.5 mil millones. La reducción del 4.3% es como porcentaje del presupuesto total, y no ocurre porque los gastos corrientes vayan a bajar sino porque los de capital van a subir de 65.6 a 85.3 mil millones de pesos, lo que a su vez sucederá gracias a endeudamiento externo por el equivalente a unos RD$60 mil millones, no mediante el uso de ingresos regulares del Estado.

Pero más significativos que las cifras y porcentajes totales son los efectos que se espera que el presupuesto ejerza sobre la economía del país, en especial los efectos de los gastos de inversión. Asuntos como su impacto sobre la creación de puestos permanentes de trabajo, el PIB, la inversión privada, la productividad, la demanda y oferta de energía, los gastos corrientes futuros de mantenimiento y operación, los ingresos y egresos de divisas y la generación derivada de impuestos.

Es ahí, en la determinación y análisis de esos efectos, donde discusión del presupuesto suele quedar corta. Hay que admitir que esa determinación no es sencilla, particularmente en lo que concierne a inversiones sociales como la construcción de una escuela o de un hospital. Pero obras como carreteras, hidroeléctricas, canales de riego y otras similares sí pueden ser evaluadas en función de sus efectos a fin de establecer un orden racional de prioridades entre ellas.

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De Gustavo Volmar