Aunque el destino de parte de los recursos que el gobierno recibirá del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial ya está establecido, otra parte queda por definir. Y próximamente se discutirá el presupuesto del 2010, que quizás incluirá bonos soberanos.

Un reclamo en que coinciden los empresarios, la oposición, las iglesias y las comunidades es que se destine un mayor porcentaje de los recursos públicos a la inversión.

Se presume que la inversión es la parte del gasto público que crea las bases para el crecimiento económico del país, en tanto que los gastos corrientes en nómina, suministros y subsidios, son una forma de consumo que deja poco para el futuro.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no todas las inversiones son iguales. No es lo mismo invertir en hacer calles, plazas u oficinas públicas, que construir represas, canales o puertos, o adquirir plantas generadoras de electricidad.

Cada tipo de inversión tiene efectos diferentes sobre asuntos como el empleo, la producción, el comercio exterior y el propio gasto público corriente.

Al mencionar el empleo, no nos referimos al trabajo transitorio mientras la obra está en proceso, sino a los empleos permanentes que se pueden crear por efecto de dicha obra.

El efecto sobre la producción depende del grado en que la inversión sirva para suplir insumos o reducir costos a los productores, sean éstos agrícolas, industriales o de servicios.

En cuanto al comercio, unas inversiones mejoran la competitividad del país y estimulan las exportaciones, pero otras lo que hacen es aumentar las importaciones.

Y hay inversiones que promueven aumentos en los ingresos públicos, por vía de mayores recaudaciones futuras de impuestos, en tanto que otras lo que implican son mayores gastos corrientes, en mantenimiento, materiales o empleos burocráticos.

Es correcto reclamar inversiones, pero distinguiendo unas de otras.



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De Gustavo Volmar