Al referirse al manejo de la deuda pública, la Carta de Intención presentada al FMI indica que en los próximos meses será elaborada una estrategia para el "desarrollo de mercados de deuda locales que mejore el acceso al financiamiento a largo plazo", presumiblemente por medio de la venta de bonos y otros tipos de valores del Estado, distintos a los del Banco Central.

Se añade que eso reducirá el costo del crédito, tanto para el gobierno como para el sector privado. De hecho, por el contrario, en lo que concierne al mercado financiero local, en la medida en que el gobierno acuda a él para obtener recursos, aumentará la demanda de fondos, la tasa de interés tenderá a subir y los títulos del sector privado enfrentarán una mayor competencia en su colocación.

Aún así, debe ser bienvenida la posibilidad de que valores públicos, en montos significativos, lleguen a ser una opción atractiva para los inversionistas locales, dado que corregiría una anomalía de nuestro mercado, en el cual dichos valores no han sido populares, crearía un instrumento adicional de política económica y proveería una tasa de referencia para las demás operaciones crediticias.

Pero la inserción de valores públicos en el mercado local, si llega a concretarse, hace imperativo diversificar los mecanismos de captación disponibles para el sector privado, a fin de que sus títulos puedan competir con los emitidos por el Estado y evitar ser desplazados por ellos.

Hasta ahora el sector privado ha visto el mercado de valores como una alternativa del financiamiento bancario. Como un asunto de tasas de interés, en que las colocaciones, preparadas por los propios bancos, permiten escapar del costo del encaje legal y de las provisiones requeridas por las normas bancarias. Los valores públicos podrían obligar a que el mercado se transforme en un verdadero mercado de capitales.



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