El gobierno dominicano, según la Carta de Intención presentada al Fondo Monetario Internacional, planea modificar la Ley de Capitalización del Banco Central, promulgada hace dos años, la cual dispone la entrega de bonos al BC durante diez años a fin de absorber las pérdidas acumuladas desde su fundación en 1947. Los cambios incluirán "ajustes técnicos" y la prolongación del plazo de 10 a 15 años, para hacer "menos oneroso" el costo de la capitalización.

El propio FMI fue el mayor propulsor de esa ley. Se fundamenta en que esas pérdidas surgieron de operaciones que el BC ha hecho para dar recursos al gobierno y sus entidades autónomas, o para resolver problemas, como la crisis bancaria, que debieron ser enfrentados por el gobierno.

La ley, sin embargo, no se ve igual desde el ángulo de las autoridades fiscales. Para ellas, fue el Banco Central el que decidió a quién financiar, qué intereses pagar por sus certificados y qué préstamos tomar, además de que sus propios gastos corrientes, en nómina y demás renglones, han contribuido también a la pérdida.

Y consideran además que otra parte de la pérdida obedece a que el BC ha utilizado sus certificados como un instrumento de reducción del medio circulante, lo cual es una operación de política monetaria cuyo costo no debería recaer sobre el presupuesto.

Puede alegarse también que la ley no se estaba cumpliendo. En el 2008, del total de intereses que debieron pagarse al BC por los bonos, sólo se pagó el 45%, debido a las elecciones, pasándose el resto para el 2009. Pero este año, ahora por la caída en las recaudaciones, tampoco se ha cumplido la ley.

A pesar de la realidad de ese incumplimiento, la modificación es preocupante, pues alejaría el momento en que el gobierno asuma lo que le corresponde asumir, prolongando la dañina ficción de que el efecto de los déficits del Banco Central es diferente al de los déficits fiscales.


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De Gustavo Volmar