Algunos colegios privados pretenden cobrar la totalidad del año escolar por anticipado. Ya ellos cobran por adelantado mensualidades, útiles y materiales, y cobran una proporción por los meses de vacaciones.

Tan lamentable como pueda ser, esa pretensión refleja más que nada la deplorable situación de la educación pública.

Sucede igual en cuanto a la salud, donde clínicas privadas cobran también tratamientos por adelantado y muchos médicos sólo aceptan pagos en efectivo.

Eso es posible, en términos económicos, porque tanto la educación como la salud son servicios de primera necesidad, la demanda no es flexible y hay costos para cambiar de un colegio a otro.

Costos afectivos (por la pérdida de compañeros), académicos (por el trastorno del traslado) y financieros (por el pago de evaluaciones y matrículas).

En otros sectores, como el de las comunicaciones telefónicas, la regulación del servicio por el Estado se justifica porque hay muy pocos proveedores. Eso no ocurre con los colegios privados, por lo que es más difícil aplicar controles a sus tarifas.

Tampoco es mucho lo que las familias y las asociaciones de padres pueden hacer.

Podría pensarse en presiones indirectas, como requerir a los colegios ofrecer transporte para reducir la pesadilla del tránsito que aqueja las zonas donde están instalados, pero esto les daría otra razón para subir sus tarifas.

Lo ideal sería mejorar la educación pública, pero eso no parece que vaya a suceder por ahora.

El camino que queda es aumentar la oferta de servicios educativos privados, mediante facilidades crediticias para su instalación, becas, préstamos educativos y créditos para la adquisición de equipos.

Ya que el uso de fondos públicos con ese propósito sería combatido por los que consideran que es mejor dedicarlos a la educación pública, el apoyo del sector privado podría ayudar mucho en esta materia.

gvolmar@diariolibre.com

De Gustavo Volmar