Santo Domingo.- El desarrollo del sector de la construcción dominicana requiere de un marco jurídico generado por consenso que garantice rentabilidad a los inversionistas, a la vez que proteja los derechos de los consumidores.

Alejandro Montás, diputado de la Circunscripción Número Uno del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ofreció una entrevista a LISTÍN DIARIO para conversar acerca del impacto económico del artículo 48 (recién aprobado en la Constitución) que plantea el derecho de los ciudadanos a poseer una vivienda digna.

Del mismo modo, el asambleísta sostuvo que el Gobierno dominicano se esfuerza por reducir el déficit de viviendas del país, que está ubicado en 800,000 unidades y crece 25,000 unidades cada año.

¿Qué dimensiones en la vida económica son influenciadas al incorporarse el derecho a una vivienda digna a la nueva Constitución?
El derecho de todo ciudadano a una vivienda digna y con servicios públicos disponibles, plasmado en el artículo 48 de la nueva Constitución de la República, traerá multiples beneficios socioeconómcos una vez se lleven a cabo las medidas para que las acciones respalden el papel.

Debido a que la Constitución dispone de que a los dominicanos se les proteja en este sentido, el Estado dominicano emprende ciertas medidas orientadas a facilitar el crédito la adquisición de viviendas, además de promulgar normas que exoneren de impuestos los llamados inmuebles de interés social, que cuestan menos de RD$1.4 millones. Esta es una consecuencia beneficiosa del artículo.

Además, es incentivada la industria local dedicada a los materiales de construcción, en medio de esta crisis que posee un carácter global, por medio de los pedidos de los constructores. Cabe mencionar que estas exoneraciones y otros incentivos influyen positivamente en el medio económico cuando los empresarios demandan insumos locales.

Algunos sectores sindicales dicen que el incentivo a la construcción beneficia la mano de obra ilegal haitiana. ¿cuál es su opinión?
La mano de obra haitiana es necesaria para el desarrollo de la construcción, además de que consiste en una realidad palpable que salta a la vista. Grandes empresarios de la construcción han admitido que más de un 70% de la mano de obra que se utiliza en este sector es ilegal y creo que es cierto.

Los mismos albañiles y maestros constructores de los sindicatos contratan a los haitianos con fines de bajar los costos del jornal. En otras palabras, para obtener mayor eficiencia.

Los constructores solicitan que las exenciones fiscales sean ampliadas de RD$1.5 millones a RD$2.5 millones. ¿Cree que esto es factible?
Acerca de la solicitud de los empresarios, estoy de acuerdo. Es más, planteo que las exenciones e incentivos fiscales sean ampliadas a RD$6 millones, con el propósito de que la clase media también salga beneficiada del espíritu de los nuevos marcos legales, que procuran mejorar el parque habitacional del país.

Considero que un aumento del rango de exenciones, necesario por cierto, no dejará de lado la construcción de inmuebles económicos, porque existe un basto mercado para ello que dudo que los empresarios desaprovechen.

¿Qué puede decir sobre el financiamiento?
Las leyes y proyectos de modificación para remover los obstáculos a la compra de viviendas las practicamos. Los bancos tienen disponibles RD$6,000 millones liberados del encaje legal para préstamos inmobiliarios a tasas que oscilan entre un 9% y un 12% y vemos que esto se acata.