Durante años la Shell hacía lo que quería en la refinería de petróleo. Decidía cuánto producir, calculaba los costos y determinaba a quién y cuándo comprar.
Usualmente los representantes del gobierno desconocían los pormenores operativos de la empresa y su incidencia efectiva era mínima.
La Shell se percató desde hace tiempo que el negocio no era refinar, sino importar, gracias a los privilegios de importación casi monopólicos que la empresa tenía.
No amplió la capacidad de refinación y sólo invirtió en facilidades para almacenar combustibles importados ya refinados.
El porcentaje refinado aquí en el total de combustibles que el país consume fue bajando progresivamente.
Se anuncia ahora que Venezuela va a comprar el 49% de la refinería. En la práctica daría lo mismo que comprara el 100%, pues habría que ser muy ingenuo para pensar que Venezuela, que suplirá el petróleo y los recursos técnicos y financieros, va a dejar que sea la RD la que maneje la empresa, aunque tengamos el 51% de las acciones.
Dependemos del petróleo venezolano para cubrir gran parte de nuestras necesidades y cada día nuestra deuda con Venezuela sube. Esa realidad no va a cambiar porque Venezuela compre la refinería.
Lo que la RD no debe hacer es agravar esa dependencia añadiéndole los privilegios de importación.
Si esos privilegios se suprimen, poco importa quién compre las destartaladas instalaciones de la refinería.
Si Venezuela quiere hacerlo y es el mejor postor, pues que lo haga. Y si desea ampliarla o construir una nueva, mejor aún.
Lo que conviene a la RD es tener facilidades alternativas de suministro de combustibles, sin monopolios ni exclusividades. Dejar que la refinería compita como un suplidor más, entre varios.
Para que eso ocurra, será necesario que el gobierno anteponga la independencia energética del país a sus intereses y necesidades fiscales.
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