La estatización de la distribución de electricidad revela que su privatización adoleció de alguna falla fundamental.
El gobierno dominicano ha privatizado, o dilapidado, muchas empresas. El acervo de compañías que el Estado recibió después del 1961, agrupado luego en CORDE y el CEA, desapareció gradualmente.
Unas empresas primero y otras después. Los bienes y servicios que ellas producían fueron sustituidos por importaciones o por producción local privada.
Los ingenios del CEA, deficitarios, fueron cedidos a intereses privados, y sus tierras urbanizadas o traspasadas a otros usos agrícolas.
Algunas de esas empresas producían bienes esenciales y otras generaban muchos empleos. Pero ninguna de ellas reunía todas las características que tienen las empresas del sector eléctrico.
Este sector provee un servicio esencial, imprescindible. Como no se puede importar energía, no está sujeto a la competencia extranjera.
Sus precios de venta inciden sobre toda la estructura productiva del país y, por ende, sobre el nivel de inflación.
Tiene importantes consecuencias políticas. Es lo más cercano que tenemos a un monopolio natural. Es vulnerable a sustracciones y faltas de pago. Requiere grandes inversiones de recursos para mantenimiento y expansión.
Y, más importante, sea privado o público, no se puede dejar que quiebre ni que se paralice.
El mecanismo de privatización utilizado fue híbrido. Se privatizó la generación por un lado y la distribución por el otro, dejando la CDE en el centro del sistema a cargo de la transmisión y las hidroeléctricas. El sistema resultante es insostenible. El Estado endeudado con los generadores. Tarifas elevadísimas. Persistencia de la evasión. Apagones "financieros". Y falta de nuevas inversiones.
El problema no está sólo en la distribución. La privatización parcial parece no ser viable en el sector eléctrico.
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