Todos hemos visto con asombro cómo se ha propuesto, alegremente, castigar con un incremento impositivo el uso de los instrumentos de pago en el país. Alegremente, porque no ha mediado un estudio serio del posible impacto negativo de esta medida en la economía dominicana.

¿Cómo es posible que se pretenda resolver un problema social puntual, penalizando la actividad económica?

  ¡Por Dios! ¿Es que no hay conciencia de las implicaciones de una decisión ligera en algo tan delicado como es el equilibrio del sistema financiero de un país?

Podrá argumentarse: otros países lo han hecho. Sí, ciertamente, lo hicieron en momentos de las más profundas crisis sistémicas nacionales, cuando no quedaba otro recurso a mano, cuando todos los indicadores económicos iban en picada aceleradamente….por todo eso fue llamado “el gravamen de los Estados fracasados”.

Todo comienza a finales de los 70´s, cuando el  laureado premio Nobel James Tobin, planteó un concepto similar al proponer un impuesto a las operaciones de divisas con el fin de reducir la volatilidad de los mercados financieros internacionales.

 Años después, algunos países latinoamericanos en crisis tuvieron la idea de extrapolar esa propuesta a los mercados financieros nacionales, específicamente a todos los pagos que pudiesen ser detectables.

Resultó ser un método de recaudación de fácil implantación, pero con un efecto dominó en los costos de la intermediación financiera, y con otros efectos aún peores, que por la desesperación frente a una crisis nacional no se detuvieron o no quisieron medir.

¿Podemos considerarnos hoy en un momento de profunda crisis sistémica (por ejemplo aguda escasez de alimentos, de combustibles, de medicamentos, inflación descontrolada,  devaluación imparable, desastre nacional…)?

 

 

Ciertamente, ésa no es hoy nuestra situación. El momento actual amerita medidas de prudencia, de austeridad, de promoción de desarrollo, de incentivos, pero no medidas que alteren el desenvolvimiento normal de la actividad económica.

En el momento actual, hablar de que este impuesto solamente afectará un sector de la población, es una mentira. TODOS seremos afectados, pues el proceso de pagos es una larga cadena, en la cual todos o pagamos o somos pagados, independientemente de nuestros ingresos o nivel económico. Y en algún momento de esa cadena, se realiza un pago electrónico que será afectado.

Es información pública el impacto negativo de este gravamen a los pagos. Por mencionar algunas consecuencias, podemos citar:

Desintermediación financiera, pues al aumentar el costo de la intermediación, el público preferirá conservar su dinero en efectivo y en su casa, con la consiguiente baja en el crecimiento del sector;

Vuelta a la informalidad financiera, pues el público buscará mecanismos no gravables para realizar sus pagos;

Caída en los ingresos fiscales, pues el esperado incremento inicial será superado en el corto plazo por las pérdidas derivadas del proceso de desintermediación financiera, pues esto dificultará el control sobre impuestos como renta e ITBIS sobre los cuales descansa la tributación moderna;

Aumento de la inseguridad personal, producto de conservar en negocios, oficinas y hogares dinero en efectivo;

Incremento de actividades ilícitas y lavado de activos, pues muchas actividades comerciales aceptarán dinero efectivo cuyas fuentes reales son desconocidas y no depurables.

Esto, sin profundizar en datos macroeconómicos y financieros como la base monetaria, la velocidad del circulante, el costo del efectivo en cajas, el encarecimiento de las fuentes de financiamiento y la distorsión en el sistema de pagos dominicano, que trataremos en una próxima entrega.

Nos sorprende, del mismo modo, que en un momento en que el Estado está tratando de promover la eficientización y automatización de todos los procesos administrativos –lo cual ha logrado con éxito en varias instancias gubernamentales- se esté hablando de “deseficientizar” y “desautomatizar” los pagos en la economía, mediante la propuesta aplicación de un incremento al impuesto a los pagos distintos de efectivo.

No nos parece que en este caso deba hablarse de intereses particulares; es el interés nacional lo que debe primar a la hora de tomar decisiones cuyas consecuencias a mediano plazo todos las tendremos que pagar, como ya ha ocurrido en el pasado no tan lejano en que se han buscado supuestas soluciones “macro” a problemas puntuales, y cuyos efectos todavía hoy los estamos viviendo.

 

 

¿Queremos destruir con los pies lo que hemos construido con las manos en materia de fortalecimiento del sistema financiero? ¿Queremos desandar el camino que hemos andado en la reforma del sistema de pagos dominicano? ¿Queremos desposicionar nuestro sistema financiero del lugar privilegiado en que se ha logrado colocar en el entorno internacional?

Eso es lo que conseguiremos a mediano (y hasta a corto) plazo con las medidas propuestas.  Desvestir a un santo para vestir otro (cuyo problema no se resuelve con esa ropa).