Santo Domingo.- Las empresas privadas dedicadas a la construcción de viviendas no incursionan en proyectos de casas y apartamentos “económicos” debido a que los potenciales adquirientes generalmente no reúnen los requisitos bancarios para adquirirlos.

Por esa razón la labor de construcción de viviendas económicas corresponde al Estado dominicano, que como aporte de inversión social puede invertir recursos en proyectos habitacionales y ofrecerlos con facilidades y hasta subsidios a familias pobres que los necesiten y puedan pagarlos en condiciones de mucha flexibilidad.

El problema es que el Gobierno dominicano carece de una política social consistente y unificada de construcción de viviendas. En el pasado, el presidente Joaquín Balaguer se caracterizó por impulsar diversos proyectos habitacionales y distribución de apartamentos entre familias pobres y no tan pobres.

Esa labor correspondió durante años a la Administración General de Bienes Nacionales, cuando en realidad correspondía al Instituto Nacional de la Vivienda (INVI).

Cuando el Gobierno fue asumido por el presidente Leonel Fernández y su Partido de la Liberación Dominicana, la labor de construir casas económicas del Estado volvió al INVI, pero con la diferencia de que los programas de construcción masiva de apartamentos fueron descontinuados.

Ahora es cada vez más difícil para una familia pobre optar por una vivienda propia, debido a que en el sector privado no hay casas lo suficientemente económicas, y en caso de que las haya los bancos no conceden los financiamientos de montos que están muy por encima de la capacidad de pago aparente de los interesados.

Mucha dispersión
El Estado dominicano tiene una amplia dispersión de instituciones relacionadas con la construcción y financiamiento de viviendas, pero los resultados son muy reducidos en comparación con los presupuestos que manejan esas entidades.

Por un lado está el Instituto Nacional de la Vivienda (INVI) y por otro el Instituto Nacional de Auxilios y Viviendas (Inavi). También existe la Administración General de Bienes Nacionales y el Banco Nacional de Fomento a la Vivienda y la Producción (BNV).

El Plan Social de la Presidencia también realiza labores de reparación de casas en zonas de bajos ingresos, mientras que la Secretaría de Estado de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado son entidades también relacionadas con la construcción de viviendas, aunque no directamente.

Representantes del sector de la construcción mantienen la petición de que en el país sea creada una especie de Secretaría de Estado de la Vivienda, para unificar a todas las entidades relacionadas con la política habitacional del Estado y establecer alianzas con el sector privado que faciliten la construcción masiva de hogares para familias pobres.

Sin embargo, la iniciativa sólo ha conseguido el visto bueno de todos los sectores a quienes se les plantea la idea (Gobierno, legisladores, empresarios), pero no se avanza nada en su implementación.

ACOPROVI CREE QUE DEBEN UNIFICARSE
Jaime González, presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), plantea que debe existir un organismo centralizador que agrupe las iniciativas y las organice.

“Aunque tienen buenas intenciones, las instituciones trabajan de manera dispersa. Cada una en su área y por su lado, no en conjunto como deberían hacerlo”, dijo González.

El presidente de Acoprovi informó que un conjunto de entidades relacionadas al sector vivienda han depositado en el Senado el proyecto de Ley de Viviendas, Asentamientos Humanos e Edificaciones, para unificar las políticas y entidades dedicadas a ese sector.

Aunque el proyecto perimió en la pasada legislación, será reintroducido y motivado por los empresarios de la construcción. González pidió al Gobierno que inyecte voluntad política a la iniciativa.