El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores  (Codia), Arturo Pichardo, instó ayer a la Cámara de Cuentas y a la Comisión Nacional de Ética Pública que investiguen los contratos de “grado a grado” otorgados por la secretaría de Obras Públicas.

Arturo Pichardo dijo que esas contrataciones violan la ley 340 y sus modificaciones contenidas en la ley 449 y su reglamento sobre contrataciones de bienes y servicios, compras, obras y concesiones

Señaló  que la cartera sólo beneficia a unos 15 contratistas, a quienes no  identificó,  lo que afecta  a miles de ingenieros, arquitectos y agrimensores.

Agregó que  la entidad se ha convertido en una especie de empresa privada al servicio de esas 15 empresas, lo que ha ocasionado que dos mil contratistas de experiencia hayan sido desplazados sin reconocerles las deudas.

A su juicio,  la falta de licitación o el “grado a grado” va en detrimento de  la calidad y costo de las obras.

Dijo que  Obras Públicas viola los procedimientos constructivos y eso   encarece las obras, como sucede con el asfaltado en Higüey con hormigón asfáltico caliente producido en Baní.

Dijo  que la secretaría, a pesar de ser una de las instituciones del gobierno que tiene mayor asignación presupuestaria, es la que menos transparencia presenta en el manejo de sus recursos.

Expresó que la cartera  no paga las cubicaciones desde hace más de un año y seis meses.

Señaló que  Obras Públicas alega que no tiene recursos, pero los “supercontratistas” cobran religiosamente.

Cree que es injusto que a Obras Públicas  se le haya asignado en los últimos seis meses más de RD$3,500 millones y sólo se han distribuido entre los grandes contratistas.

Pichardo dijo que a los pequeños contratistas se les debe miles de millones de pesos.