SANTO DOMINGO. Pepe (nombre ficticio) es un inversionista europeo que intentó establecer en el país un proyecto de desarrollo turístico, pero no lo hizo. La razón, según le contó a un agente inmobiliario con el que tuvo un encuentro reciente, fue la alta cifra de "peaje" que le exigió un funcionario para aprobarle la iniciativa.  

Según el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (AEI), Gilberto de los Santos,  estas acciones, que consisten en pedir dinero extra a cambio de favorecer una propuesta,  se ven a menudo en el país.   Asegura, sin embargo, que por el carácter ilegal de las mismas, nunca quedan registros probatorios para poder denunciar los casos.

Con la experiencia de años en el sector de bienes raíces,  De los Santos afirma  que el inversionista que no toca la puerta adecuada  siempre es engañado, y lamenta que muchas veces la estafa viene de "personas de cuello blanco", que piden dinero para aprobar un proyecto. 

El agente inmobiliario se une al coro de voces empresariales que piden que en el país exista una ventanilla única para la tramitación de proyectos, lo que a su juicio contribuiría a frenar este tipo de corrupción.  

"Cuando un inversionista llega al país pide seguridad, garantías de que lo que se apruebe, hoy mañana no lo cambien,  porque muchas veces se presenta un proyecto,  te dicen que sí y se comienza a desarrollar, pero luego llega a otra instancia y te lo frenan, pero resulta que ya hay toda una inversión hecha". Otro aspecto del que se queja es de la imposibilidad de garantizarle al cliente un tiempo específico para lograr los permisos que requiere, y que en consecuencia éste termina desencantándose y se retira.

Arturo Villanueva, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes (Asonahores), también favorece la ventanilla única como forma de agilizar los procesos de creación de proyectos.

"Aquí se requieren permisos municipales,  no objeción de Turismo, permisos medioambientales y demás, por eso entendemos que lo mejor sería tener una ventanilla única que permita que ese proceso se acelere, porque es más conveniente para el inversionista que no tendrá que estar dando brincos de un sitio a otro".

Afirma que la demora que representa ir a cada instancia, desmotiva la inversión y proyecta una mala imagen para el país en términos de negocio.  Villanueva reconoce la "extraordinaria labor  de promoción y búsqueda de inversión que se hace desde el Gobierno, pero entiende que lo importante es que una vez llegue el inversionista, tenga la mayor facilidad posible dentro del marco regulatorio. 

Otros factores

Otros aspectos que influyen en el clima de inversión y que se deben atender, son los concernientes al sistema de registro inmobiliario, conforme lo expone  Lissette Balbuena, gerente General de Stewart LITTLE República Dominicana, empresa internacional especializada en servicios en materia de bienes raíces. 

Aunque defiende el marco jurídico del país y  los avances en el mismo, sobre todo en lo que tiene que ver el registro de propiedad, la ejecutiva reconoce que todavía hay debilidades por falta de recursos y tecnología  y que eso hace que el sistema de registro inmobiliario no tenga la rapidez que requieren promotores, inversionistas y la Banca.  "El dinero que se pierde por los retrasos es incalculable. Cada transacción inmobiliaria es millonaria y mientras más tiempo se dure, más dinero se pierde, pues se impactan múltiples agentes económicos. Un día de retraso significa miles de pesos", dice.

Además de las pérdidas, los retrasos tienden a desincentivar a los inversionistas, a los que no se les puede dar un tiempo específico para completar un procedimiento, reitera.

Legislaciones

En el país existe la Ley 16-95, que regula la Inversión Extranjera,  la cual establece en su artículo 4 que todo inversionista o empresa extranjera deberá registrarse en el Banco Central a los 90 días. 

Además de esta Ley, existe el reglamento 380-96  de aplicación de la misma, el cual indica que  el Banco Central deberá procesar y remitir el certificado de registro en un plazo de 10 días laborales.

Según se detalla en el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) en el país existen además una serie de leyes especiales y fiscales que brindan incentivos a la inversión extranjera.

Entre ellas se destaca la ley 8-90, que indica que las empresas de bienes y servicios para la exportación establecidas como zonas francas, se beneficiarán de un régimen especial de controles aduaneros  e incentivos fiscales de hasta un 100%.

Está también la Ley 158-01, sobre Fomento al Desarrollo Turístico, que otorga  exenciones impositivas por períodos de hasta 10 años, a los polos de escaso desarrollo y a las provincias y localidades de gran potencialidad.

El CEI-RD menciona, además, la Ley 183-02, sobre el Código Monetario y Financiero, la cual, según dice "fue promulgada con el objetivo de establecer un régimen regulatorio del sistema monetario y financiero nacional de donde se deriven las consecuencias óptimas de estabilidad de precios, condiciones de liquidez, solvencia y gestión de las entidades de intermediación financiera para procurar el eficaz desenvolvimiento del sistema en un entorno de competitividad y libre mercado".