SANTO DOMINGO.- Sobre la base del esfuerzo de la mano de obra indocumentada, principalmente haitiana, las torres o altos edificios de apartamentos son levantados en el centro de la ciudad de República Dominicana. El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi), Jaime González, admitió que el 70% de los obreros del sector de la construcción proviene del país vecino y pasa por la frontera “sin papeles”.

El empresaro argumentó que si los maestros constructores no emplean mano de obra ilegal, la edificación de torres no sería posible. Agregó que esto no tiene que ver con costos debido a que los inversionistas pagarían por empleados legales, sino porque los nacionales y extranjeros establecidos no llevan a cabo estas tareas. “Al dominicano no le interesa el trabajo de la construcción y alguien tiene que hacerlo”, dijo el presidente de Acoprovi.

El director general de Trabajo, Washington González, informó a LISTÍN DIARIO que la Secretaría de Trabajo (SET) ha levantado más de 100 actas de infracción en los últimos años a las empresas constructoras que violan el Código Laboral con la contratación de extranjeros en más de un 20%, que es el límite legal. Además, dijo que los constructores son responsables de la mano de obra que contratan, sin importar las condiciones sociales bajo las cuales tengan que operar.

González, de Acoprovi, narró que en una oportunidad, como forma de autorregular sus negocios, exigió a sus maestros constructores que contraten sólo mano de obra documentada. Sin embargo, al cabo de un mes sólo se completó el 10% del personal necesario para llevar a cabo la obra. Por tal razón, los maestros constructores disuadieron al empresario para que desista de restringir la contratación de trabajadores indocumentados.

“La obra era en Santiago. En esto uno tiene presión de entregar a tiempo y la única manera de hacerlo era accediendo a incluir a trabajadores sin papeles”, dijo González. Los inversionistas dominicanos de la construcción, en general atraviesan por el mismo problema, de acuerdo con González. “En todo el sector, el problema no consiste en reducir costos, sino en encontrar la mano de obra necesaria para llevar a cabo los proyectos”, expresó.

El empresario de la construcción se quejó de que las autoridades dominicanas, en especial la SET, no toman ninguna medida en contra de esta práctica para sanear el sector. “Acoprovi emplazó a la SET para que busque 50,000 empleados que estén dispuestos a desempeñar las labores fuertes de la construcción y aún seguimos esperando una respuesta del secretario José Ramón Fadul”, señaló González.

Posición de la SET
Washington González aclaró que la SET no tiene responsabilidad de reclutarle personal a ningún sector de la construcción, sino de hacer que los empleadores cumplan con las leyes laborales del país. Las compañías dedicadas a la construcción de viviendas no son capaces de autorregularse, porque la inmigración haitiana y su presencia masiva en la fuerza de trabajo de construcción y otros sectores es un problema social complejo, según Acoprovi.

En un recorrido
En un sondeo sobre la situación laboral de este tipo de empleados de la construcción de más baja jerarquía, se comprobó que al menos en cuatro proyectos de torres de apartamentos edificados en el polígono central la mayoría de los obreros son indocumentados. Los resultados concuerdan con lo dicho por el presidente de Acoprovi. Las leyes dominicanas establecen que el pago mínimo para los trabajadores de la construcción comprende RD$371 por un día de labores de ocho horas, según González. No obstante, los 20 obreros encuestados manifestaron que ganan menos de esa cantidad. Los trabajadores dijeron que los maestros constructores acuerdan pagarles RD$200.00 en promedio.

González admitió que esto es posible. “Los inversionistas no somos los que contratamos a los obreros, los maestros constructores hacen esto por nosotros. De tal forma que los sueldos los pagamos a estos ingenieros y ellos lo distribuyen entre los obreros que buscan”, agregó.

El presidente de Acoprovi dejó abierta la posibilidad de que en la construcción de torres los maestros constructores que supervisan las obras lleguen a acuerdos de trabajo con inmigrantes indocumentados, los cuales no estén conformes a las leyes.Acerca de esto, el funcionario de la SET señaló que la responsabilidad recae sobre los constructores, aunque deleguen el peso en los maestros de la construcción.

UN CASO DE MUCHOS
Lucio Santi trabajó durante 10 años como obrero de construcción. El inmigrante haitiano indocumentado trajo de su país a Michel, su esposa, y dos hijos. Desde que el trabajador cayó desde el segundo piso de una torre de apartamentos en proceso de edificación, ella tiene que vender arepa para mantener la casa.

El antiguo obrero de 35 años cobraba RD$200.00 a diario por adherir bloques, cargar materiales pesados y remover escombros. Pero por su situación no pudo acceder a la cobertura del seguro de riesgos laborales que su patrón incluye entre los gastos.

Una tarde, mientras Santi movía unas fundas de cemento, se resbaló con restos de tierra fina, perdió el balance de sus pies y se precipitó hacia el suelo para caer encima de escombros de varilla, clavándose el muslo izquierdo con una puntiaguda. “El maestro me advirtió que si me pasaba algo en la construcción no tendría reclamo”.