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27 mayo 2008

Abogados piden apresar a los que invaden terrenos

SANTO DOMINGO.- El abogado del Estado, doctor Fermín Casilla Minaya, sostuvo que está de acuerdo con el apresamiento de los invasores de tierras que sean sorprendidos en flagrante delito, aunque estima que es preciso modificar la legislación Inmobiliaria con el objetivo de establecer mecanismos que eviten el desorden que se registra temporalmente en este sentido.

De sus declaraciones se desprende que existe interés en esa jurisdicción de “poner freno” a las ocupaciones  de propiedades amparadas en títulos privados o propiedad del Estado dominicano.

El representante del Estado ante el Tribunal de Tierras, expresa en unas declaraciones suministradas ayer a Listín Diario, que la Policía Nacional  está en la obligación  de apresar a todas las personas que invadan propiedades públicas y privadas “sobre todo, cuando sean sorprendidos en flagrante delito”

Señaló que la institución “debe proceder de inmediato a remitirlos por ante el Ministerio Público, para los fines de ley correspondientes”.

El abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria expresó que apoya sin reservas  ”todos los apresamientos de invasores que en los últimos días ha practicado la Policía Nacional “en virtud de lo que establece la ley de Violación de Propiedad y el artículo 12 de la Ley 108-05 sobre Registro Inmobiliario”.

Mientras tanto, abogados que ejercen ante la jurisdicción de Tierras abogaron por la modificación del Código Procesal Penal, para que se permita al ministerio público apresar y someter directamente a los invasores de terrenos, sin esperar que se decida en tribunal de Primera Instancia.

Los doctores Trajano Vidal Pontentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, y Jorge Lora Castillo, sostienen que el CPP debe ser modificado para que la violación de propiedad sea una acción pública y no privada.

Pontentini dijo que el delito de acción privada no tiene su accionar la presencia del Ministerio Público, por lo que éste tiene que hacer su apoderamiento por ante un juez de Primera Instancia.

“La modificación que habría que hacer es más bien al Código Procesal Penal, dando la posibilidad de que la violación de propiedad no sea exclusivamente un delito a instancia privada, sino que tenga un ribete de instancia privada  y pública, para tener una participación del fiscal como auxiliar por excelencia en un delito de esa categoría”, expresó Pontentini.  

De su lado, Lora Castillo dijo que existe una ley de violación de propiedad que prevé una serie de consecuencias y que permite realizar perfectamente el sometimiento.

Manifestó que para eso habría que variar el Código Procesal Penal, el cual establece que la violación de propiedad es un delito de acción privada, que debe ser iniciada por las partes.

“Bajo esa premisa,  entiendo que es posible que la persona que es perjudicada por la violación de propiedad recurra al procedimiento de la ley que es específica en ese sentido”, adujo Lora Castillo.

Expresó que si se quiere sancionar más todavía y poner lo de la acción pública, podría participar el Estado Dominicano, a través de su representante ante esa jurisdicción.

Distintos sectores han expresado preocupación por el incremento en la ocupación de terrenos privados por parte de personas que se dedican a construir casuchas y vender solares ajenos, lo que ocasiona serios inconvenientes a los legítimos propietarios de esos inmuebles.

Casilla Minaya exhorta a la Policía a que se mantenga “vigilante en su labor preventiva para impedir que continúen las invasiones en la propiedad inmobiliaria en la República Dominicana”.

El funcionario ratifica su posición de que mediante la modificación de la legislación se establezcan “sanciones más drásticas contra los violadores de la propiedad pública y privada para evitar que personas desaprensivas pongan en peligro la seguridad jurídica de los derechos inmobiliarios del país”.

La invasión de terrenos privados y del Estado es una constante en los procesos electorales y en los períodos de transición de los gobiernos.

Muchos “vivos” y otros amparados en la protección de determinados partidos hacen ofertas que se convierten en negocios para ellos y para sus intereses políticos.

Fuente: Listin Diario